Responsabilidad Civil de las Sociedades Fiduciarias Parte II

Responsabilidad Civil de las Sociedades Fiduciarias Parte II

Hasta mayo de 2023, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SFC ha emitido 127 pronunciamientos en los que las sociedades fiduciarias fueron demandadas, de los cuales, 73 sentencias denegaron las pretensiones, mientras que en 54 casos se condenó a las sociedades fiduciarias. Estas demandas superaron los $75.993.352.557 y las condenas ascendieron a aproximadamente $28.982.134.453.

A continuación, se presenta el registro de las acciones de protección al consumidor en contra de entidades fiduciarias discriminadas por año:

En términos de temáticas, el 65% de las demandas se relacionaron con fiducias inmobiliarias, centradas principalmente en el incumplimiento contractual frente a la administración y giro de los recursos de los proyectos inmobiliarios. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales subrayó la responsabilidad de las sociedades fiduciarias por el incumplimiento de sus obligaciones relacionadas con los controles internos para proteger los intereses de los participantes de los negocios fiduciarios.

El segundo producto que es objeto de demandas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales corresponde a la fiducia de administración y pagos, litigios en los cuales se ha resaltado principalmente que su objeto corresponde a la administración de sumas de dinero u otros bienes con el fin de destinarlos al pago oportuno de obligaciones identificadas en el contrato fiduciario o a finalidades específicas conforme a las instrucciones dada por los fideicomitentes.

Frente a la fiducia de inversión, tercer producto objeto de litigio, se ha señalado que se enmarca dentro de aquellos que el mercado financiero colombiano ofrece respecto a las diversas alternativas para manejar los recursos del público, como son los fondos de pensiones voluntarias, mecanismo creado para administrar de manera profesional los activos financieros poseídos por una misma persona, lo que equivale a decir que los aportes a los mencionados fondos consisten en sumas de dinero, con los cuales las administradoras llevan a cabo las inversiones de acuerdo con sus políticas y dentro del marco general establecido por el régimen de inversión de los respectivos recursos.

Esta jurisprudencia refleja la relevancia de la acción de protección al consumidor financiero como un mecanismo efectivo para resolver disputas entre consumidores financieros y sociedades fiduciarias, contribuyendo así a la transparencia y justicia en las relaciones financieras en Colombia. La SFC, mediante la Delegatura para Asunto Jurisdiccionales, continúa desempeñando un papel crucial en la construcción de un entorno financiero más transparente y equitativo para todos los actores involucrados.

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