Responsabilidad por el hurto dentro de las oficinas.

Responsabilidad por el hurto dentro de las oficinas.

En la presente acción de responsabilidad ante la Delegatura de Facultades Jurisdiccionales se debatió un tema interesante como es el que corresponde al hurto generado dentro de las oficinas de un establecimiento bancario. En el pasado hemos observado como personas realizan actividades delincuenciales haciéndose pasar por funcionarios de los bancos para acceder a los recursos de los consumidores, bien en su calidad de clientes o usuarios.

Así las cosas, dentro del presente litigio se discutió la responsabilidad del Banco por el hurto que sufrió una de sus clientes, dentro de sus oficinas, momentos después de retirar unas sumas de dinero, de manera que, la demandante pretendió atribuir responsabilidad al Banco atendiendo a que este no contaba con personal de seguridad que impidiera la ejecución del delito, por lo cual, solicitó que la entidad le reintegrara los recursos hurtados.

Por su parte, el Banco se enfocó en señalar que, de conformidad con la normatividad vigente, la entidad no se encontraba obligada a contar con un servicio de seguridad privado, que los asesores de la oficina ajustaron su comportamiento y reacción de conformidad con los protocolos y manuales adoptados para estas situaciones, que el daño se dio por el evento de un tercero y que no se podía determinar un nexo de causalidad entre la actuación del Banco y el daño sufrido por la demandante.

Frente a la controversia, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, inició su análisis recordando que el negocio origen o fuente de controversia, correspondía a un contrato de cuenta de ahorros, el cual se encuentra regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y en virtud del cual, nacen obligaciones reciprocas para las partes, entre las cuales se destaca la facultad de depositar recursos por parte del consumidor financiero, hacer transferencias, retirar dinero y/o disponer de él en los términos y condiciones establecidas en el contrato.

Así mismo, señaló la Delegatura que durante la ejecución del contrato existía para la entidad financiera la carga de brindar una prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios que pone a disposición a sus clientes, de acuerdo con los estándares e instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia, como lo son los contenidos en la Circular Básica Jurídica 029 del 2014, la cual dispone como deber de las entidades, frente al trámite en oficinas, el de contar con cámaras de video, conservando éstos por un término de al menos seis meses,  establecer procedimientos necesarios para atender de manera segura y eficiente a sus clientes en todo momento, entre otras medidas, siendo deber del Banco garantizar a sus clientes el depósito, administración y disposición de los dineros en condiciones idóneas.

Establecido lo anterior, el Despacho recordó que en materia de responsabilidad civil el daño además de ser real y cuantificable, debe ser directo, aspecto que no se comprobó dentro del litigio, pues la ausencia de personal de seguridad dentro de las instalaciones del Banco, aparte de no ser una obligación a su cargo, tampoco se puede considerar como la causa real y efectiva en la ejecución del daño, pues la vigilancia no es un servicio financiero que ofrezca el Banco a título propio, sino que es un servicio estatal consistente en garantizar la seguridad a todo residente del país, es decir, es al Estado a quien le compete proporcionar, por intermedio de la Policía Nacional, la seguridad de sus asociados

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