Responsabilidad en el Sector Asegurador

Responsabilidad en el Sector Asegurador

La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia nuevamente condenó a una de las aseguradoras más importantes del país, reiterando la responsabilidad contractual que recae sobre las entidades aseguradoras ante la negativa de afectar las pólizas de seguro vida grupo deudores, cuando no se acreditan los presupuestos exigidos para declarar la reticencia en cabeza del asegurado.

 En efecto, en el presente caso el consumidor financiero interpuso Acción de Protección al Consumidor Financiero en contra de una entidad aseguradora, con el fin de que esta fuera condenada al pago del saldo insoluto de dos productos crediticios adquiridos con una entidad financiera, ante el dictamen de pérdida de capacidad laboral – DCL del 68.55% que le fuera reconocido por la Junta Medico Laboral, por lo que, la Superintendencia Financiera de Colombia se propuso analizar, si le asistía responsabilidad a la entidad aseguradora por el no reconocimiento del amparo por invalidez, de la póliza de vida grupo deudores.

La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia inició haciendo un estudio del marco jurídico aplicable al contrato de seguro, del cual se concluyó que existe una serie de cargas para cada una de las partes del contrato de seguro, en donde principalmente al asegurado le corresponde acreditar la ocurrencia y cuantía del siniestro, de acuerdo con lo contemplado el artículo 1072 del Código de Comercio y, así mismo, le compete a la entidad aseguradora establecer cuáles son las condiciones del contrato de seguro objeto de controversia, en donde, además de las condiciones generales el contrato de seguro deberá indicar tanto los riesgos que la aseguradora pretende amparar, así como, todas las demás condiciones particulares que se acuerden entre los contratantes.

Por lo que en el caso objeto de estudio, la aseguradora soportó su defensa en que para el momento del inicio de la vigencia del seguro contratado, para el 19 de mayo del año 2019, al actor ya se le había practicado Junta Medico Laboral con un resultado de una disminución de capacidad laboral del 28%, momento en el cual, la Delegatura resaltó que para que se declare la nulidad del contrato, la reticencia debió originarse cuando el asegurado no declaró sinceramente su condición de salud o una vez declarada, esta fue inexacta al momento de ingresar al contrato de seguro, que en esta oportunidad, se trató de una póliza de vida grupo.

Así, trajo a colación la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia Sentencia del 18 de octubre de 1995, según la cual, la reticencia o inexactitud genera nulidad del contrato de seguro, únicamente cuando: “la naturaleza del riesgo solicitado para que sea asegurado y por la información conocida y dada por el tomador, la compañía aseguradora, de acuerdo con su experiencia e iniciativa diligente, pudo y debió conocer la situación real de los riesgos y vicios de la declaración, más sin embargo no alcanza a conocerla por su culpa, lógico es que dicha entidad corra con las consecuencias derivadas de su falta de previsión, de su negligencia para salir de la ignorancia o del error inicialmente padecido”.

 Por consiguiente, una vez analizados los documentos que fueron aportados con el escrito de demanda, se concluyó que el asegurado presentó alteraciones en su salud antes del ingreso a la póliza, alteraciones que estaban fuertemente relacionadas con las patologías enunciadas en el primer dictamen de perdida de capacidad y que fueron resaltadas por la Aseguradora en la objeción a la solicitud de afectación de la póliza de seguro, lo que no solo permitió acreditar la existencia de los padecimientos de salud, sino que el asegurado conoció de dichos padecimientos con anterioridad al diligenciamiento de la solicitud de seguro y la declaración de asegurabilidad.

Sin embargo, como ya se resaltó, no toda omisión o inexactitud conlleva a la nulidad del contrato de seguro, siendo entonces de obligatorio cumplimiento para las aseguradoras, acreditar cuál hubiera sido su conducta en caso de haber conocido los hechos en que se configuró la reticencia y que, habiéndolos conocido lo hubieran disuadido de celebrar el contrato, o persuadido de estipular condiciones más onerosas.

Por ello, como no existió prueba de cual hubiera sido la conducta desplegada por la aseguradora demandada de haber conocido los padecimientos del consumidor con anterioridad de la vinculación a la póliza de vida grupo, es que la Delegatura encontró que no se encontraba configurada la nulidad relativa del contrato de seguro.

A su vez, la Delegatura encontró un claro incumplimiento por parte de la aseguradora frente al deber de información, pues no logró contradecir las manifestaciones del consumidor financiero frente a la deficiente asesoría que recibió por parte del asesor del banco, pues conociendo este las consecuencias e implicaciones que tiene el no declarar el verdadero estado de salud para los asegurados, en virtud de las capacitaciones que recibió por parte de la aseguradora, no se logró probar que se le hubiera brindado información al cliente, más allá de la generalidad del seguro, el cobro de la prima o que se le hubiera recomendado dar lectura al documento que contenía la póliza.

En ese sentido, con base en el acervo probatorio y a pesar de la defensa ejercida, se dieron por no probadas las excepciones denominadas: “delimitación de la asunción del riesgo”, “prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro”, “cumplimiento del deber de información del asegurador” , “falta de demostración de la cuantía de la perdida” y “nulidad del contrato de seguro”, por lo que, la Delegatura accedió a las pretensiones de la demanda y, como consecuencia de ello, condenó a la entidad aseguradora.

 

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