Responsabilidad en el Sector Fiduciario

Responsabilidad en el Sector Fiduciario

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (el “Tribunal” o el “Despacho”) confirmó la condena de primera instancia impuesta por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a una sociedad fiduciaria, por el incumplimiento del deber especial de información que obliga a los intermediarios de valores.

En el presente caso, la consumidora financiera alegó, en la demanda mediante la cual ejerció la Acción de Protección al Consumidor Financiero, que se le había causado un perjuicio a raíz de dos omisiones de la sociedad fiduciaria, consistentes en i) la ausencia de información suficiente respecto del tipo de producto ofrecido y ii) el indebido asesoramiento que condujo a un perfilamiento erróneo del consumidor.

A raíz de lo anterior, se diligenciaron los formatos de vinculación y de perfilamiento de riesgo sin un verdadero conocimiento de sus implicaciones y, de esta manera, fue vinculada a un fondo de pensiones voluntarias de alto riesgo, invertido en un fondo de inversión en tipo de multiportafolio cerrado. Lo anterior, a pesar de que carecía de experiencia como inversionista en el mercado de valores y en su historial únicamente figuraban inversiones de perfil conservador en renta fija. Además, a lo largo del proceso la consumidora consiguió demostrar que, durante las conversaciones previas a la materialización de su inversión, informó con claridad al asesor encargado de que su propósito era generar intereses durante un año sobre el capital invertido y, pasado ese plazo, liquidar su participación.

En su defensa, la sociedad fiduciaria  sostuvo que i) existió una falta de congruencia al emitirse una decisión de primera instancia ultrapetita, ii) se aplicó una valoración probatoria de tarifa legal a la demostración de la adecuada asesoría, iii) el cliente fue perfilado adecuadamente, iv) el deber de documentación introducido por el Decreto 661 de 2018 no se encontraba vigente aún, v) la parte demandante no cumplió su deber de auto información y vi) la naturaleza de las obligaciones adquiridas por la sociedad fiduciaria eran de medio y no de resultado.

Ante lo anterior, el Tribunal confirmó las consideraciones de la decisión de primera instancia, descartando la ausencia de congruencia, al considerar que el reintegro del valor real del dinero y los intereses equivalentes a rendimientos en un producto conservador figuraban en la demanda inicial, a través de un entendimiento integral de esta. Además, detalló la manera en que se practicaron y valoraron diversas pruebas, sin someter la decisión a una simple valoración probatoria bajo tarifa legal.

El Despacho consideró que la carga de la prueba sobre la existencia de una asesoría adecuada correspondía a la entidad financiera, por su conocimiento experto del mercado y su posición dominante en la relación contractual. Fue bajo tal premisa como explicó que la demandada no podía pretender exonerarse bajo el argumento de que la consumidora diligenció formularios de vinculación y perfilamiento del riesgo, sin preguntar, informarse e indagar sobre el producto objeto de estudio. Tal actitud, sostuvo el Tribunal, no constituye exoneración alguna del deber de brindar información y asesoría por parte de la sociedad fiduciaria como intermediaria del mercado de valores, en los términos que dispone la ley y el propio reglamento del fondo.

Ahora bien, ante el diligenciamiento de los formularios de vinculación y perfilamiento de riesgo, el Despacho coincidió con la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia en que la suscripción de tales formatos no satisface el deber de información del asesor profesional. En criterio de ambos falladores, es fundamental que se adelante un proceso “inquisitivo” del asesor al cliente para determinar bajo cuál categoría de riesgo debe ser perfilado, cuáles productos son aplicables a tal categoría e informarle al cliente las condiciones, características y riesgos de cada uno. Ello, sin perjuicio a que el cliente solicite la recategorización correspondiente, junto al procedimiento adecuado y documentación respectiva.

Nada de lo anterior fue demostrado por la fiduciaria demandada, quien tampoco aportó soportes documentales del desarrollo del cumplimiento del deber de información y asesoría a la consumidora financiera ni de la recomendación profesional respecto del producto seleccionado. El referido incumplimiento de la obligación de documentación, caracterizada por la defensa como una aplicación de la tarifa legal en la valoración probatoria, en realidad obedeció a la aplicación del principio de buena fe calificada exigido a la entidad financiera por parte del a quo, así como a las disposiciones del manual creado por la entidad demandada para ese tipo de productos.

Esto es, que la fiduciaria estaba obligada a obrar con buena fe calificada por su naturaleza y posición contractual, demostrando una actuación diligente propia del buen hombre de negocios. A su vez, el referido manual interno detallaba con claridad las condiciones de documentación exigida, cuyo cumplimiento no fue demostrado por la sociedad fiduciaria.

Las anteriores consideraciones se sumaron al hecho de que el asesor i) no pudo demostrar que había obrado de manera diligente, ii) los antecedentes de la consumidora financiera no coincidían con la conclusión adoptada en el perfil de riesgo y iii) el único trámite que llevó a cabo como asesor fue el diligenciamiento del perfil de la cliente por vía del citado cuestionario, sin una evaluación profesional de las necesidades y riesgos a asumir por aquella.

Así, el Tribunal confirmó la responsabilidad contractual de la sociedad fiduciaria derivada del incumplimiento de los deberes de información, asesoría, perfilamiento y estudio de conveniencia que, a su vez, le generaron perjuicios al imposibilitar la obtención del dinero por parte de la consumidora financiera en el momento en que solicitó su redención.

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