Responsabilidad Bancaria por incumplimiento del deber de información en la colocación de créditos

Responsabilidad Bancaria por incumplimiento del deber de información en la colocación de créditos

En esta ocasión, la demandante presentó Acción de Protección al Consumidor Financiero ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, solicitando la reliquidación de un crédito adquirido con la entidad financiera demandada, bajo el argumento que,  al momento de contratar el producto financiero se le informó que este se liquidaría con una tasa fija de acuerdo con las fechas y valores señalados en la tabla de amortización, sin embargo, el Banco aplicó una tasa variable, lo cual derivó en el incremento del valor de las cuotas.

Atendiendo a lo anterior, la Delegatura estableció que el problema jurídico consistía en determinar si le asistía responsabilidad a la entidad bancaria en la colocación del crédito, especialmente frente al cumplimiento del deber de información.

Ante esta controversia, el Banco argumentó que conformidad con los documentos y garantías suscritos por la demandante con su huella y firma, ésta manifestó haber recibido información suficiente y clara para la contratación de su crédito, que así mismo, contó con la asesoría del funcionario del Banco, quien acompañó y brindó la información sobre las características del crédito, incluida la tasa con la cual se liquidarían las cuotas, que las condiciones ofertadas se habían mantenido y que la variación en las cuotas obedecía a factores externos al Banco.

No obstante lo señalado por el Banco, la Delegatura no encontró acreditado el cumplimiento de los deberes que le asistían a la entidad financiera especialmente en lo relacionado con el deber de información, atendiendo a las siguientes circunstancias:

  1. Resaltó entre las cargas que les asisten a las entidades vigiladas en el desarrollo de sus operaciones, el cumplimiento del deber de información, indicando que el acceso a la información tiene una gran relevancia si se tiene en cuenta que, en las relaciones de consumo, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho contemplado en el Título I de la ley 1328 de 2009, que garantiza que el cliente pueda adquirir un producto o servicio conociendo las condiciones reales bajo las cuales se obliga.

  1. Que pese a lo afirmado por el Banco y ratificado por el asesor de haber informado a la accionante de la aplicación de una tasa variable a su crédito, no constaba ninguna prueba documental que acreditara su dicho, pues el único soporte donde se especificó que la tasa sería variable fue la tabla de amortización, la cual solo fue entregada a la demandante hasta el desembolso de los recursos, es decir, posterior a la negociación y aceptación de las condiciones del crédito.

  1. Que a pesar de que el Banco manifestó que la variación de la tasa se debía a factores externos a su control, si se encontraba bajo su responsabilidad informar a los consumidores las condiciones bajo las cuales contrataban, considerando incluso el tipo de población al cual dirige su ofrecimiento.

  1. Por último, la Delegatura destacó que en la primera tabla de amortización que se le entregó a la demandante, no se advirtió que dicha información correspondía a una aproximación o estimación de las cuotas, como si señaló expresamente en las tablas de amortización posteriores, donde se indicó de forma clara y explicita que el valor de las cuotas podría variar de conformidad con las condiciones pactadas, incluyendo las referencias utilizadas para su liquidación, esto es: IBR, UVT, DTF, etc.

Por lo expuesto, la Delegatura concluyó dentro del proceso que, el Banco no logró desvirtuar las afirmaciones de la demandante relativas a no haber recibido información clara y precisa sobre la tasa aplicable a su crédito, que en las documentales por medio de las cuales se instrumentalizó la operación, pues no se advertía de forma precisa cuál sería el tipo de tasa con el que se liquidarían las cuotas, por lo cual decidió acceder a la petición de la demandante, obligando al Banco a reliquidar la obligación con una tasa fija tomando como referencia el valor indicado en la tabla de amortización inicial.

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