Los conflictos de interés en la saga de 2024.  Parte I

Los conflictos de interés en la saga de 2024. Parte I

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, emitió el Decreto 0046 de 2024, el cual supone un hito en materia de conflicto de intereses de los administradores, ya que adicionó tres temas que requerían una mayor precisión en la normativa vigente: (i) el concepto y alcance de conflicto de interés y competencia, (ii) el procedimiento detallado para la autorización ante la asamblea general de accionistas y (iii) la autorización general de acciones y actividades recurrentes.

Como es del conocimiento de los lectores, el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 estableció los deberes de los administradores, en particular, el numeral 7 señaló la abstención que debían prever en caso de presentar conflictos de interés o competencia con la sociedad, sin embargo, este precepto no fue definido.

No obstante, mediante el Decreto 1925 de 2009, adicionado al Decreto 1074 de 2015[1], se buscó reglamentar parcialmente este deber, de esta manera, señaló que los administradores que incurrieran en conductas que impliquen conflicto de interés o competencia, respondían solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que pudiesen ocasionar, pero no brindó las respuestas necesarias al alcance de los conflictos de intereses.

Por otro lado, acotó -de forma superficial- el manejo del conflicto de interés al indicar que el administrador debía ordenar la convocatoria de la Asamblea General para solicitar su autorización para realizar la actividad que contrae un conflicto de interés, sin embargo, no detallaba la obligación de otros agentes de la sociedad que tuvieran conocimiento de la situación que originaba el conflicto de interés.

En consecuencia, la jurisprudencia brindó respuestas a esos vacíos legales, en particular, lo relacionado a los conceptos y elementos del conflicto de interés. A modo de ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC5509-2021 debía resolver un problema jurídico que versaba sobre una serie de actos ejercidos por los administradores de una sociedad que conllevaron a disminuir el patrimonio de ésta sin que tuvieran la autorización de todos los asociados.

En esa oportunidad, el Alto Tribunal definió el conflicto de interés con base en doctrina y precisó de forma general que este tipo de actos, el administrador no puede ejercer el poder que le fue otorgado, toda vez que este es incompatible con la función propia que tiene, esto es, el bienestar general de la sociedad.

Además, señaló que ese tipo de comportamientos entrañaban un riesgo para la sociedad, porque la decisiones por parte de los administradores estaba permeada por el interés propio y materializaba la prevalencia de un interés contrario al beneficio general de la sociedad.

Así, como elementos esenciales destacó los siguientes: (i) la concurrencia de intereses opuestos, (ii) un interés propio -directo o indirecto-, (iii) un nexo causal entre el interés particular y el perjuicio para el beneficio de la sociedad, (iv) el carácter patrimonial del interés y (iv) la despreocupación por parte del administrador de perjudicar la sociedad que le fue encargada.

Con el Decreto 0046 de 2024, se incluyeron respuestas a esos vacíos legales, así, por primera vez una norma define qué se entiende por conflictos de intereses y las actividades que implican competencia con la sociedad; además, establece que funcionarios como el revisor fiscal también tienen un deber de información al momento que tienen conocimiento de la ocurrencia de un hecho que constituye un conflicto y aclaró qué se entiende por “conflicto de intereses por interpuesta persona”.

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