Responsabilidad Bancaria por Deber de Información de valores agregados

Responsabilidad Bancaria por Deber de Información de valores agregados

La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se pronunció sobre la responsabilidad de las compañías de financiamiento en lo referente al deber de información que les asiste al momento de otorgar productos financieros, puntualmente en informar de manera clara, completa y sencilla el alcance de los valores agregados financiados con el crédito principal.

En efecto, un consumidor financiero interpuso Acción de Protección al Consumidor Financiero en contra de una Compañía de Financiamiento, indicando en los hechos de su demanda que posterior al desembolso de un crédito adquirido con la entidad demandada, ésta le efectuó cobros por sumas superiores al monto desembolsado, razón por lo cual solicitó se respetaran las condiciones inicialmente pactadas en el contrato suscrito.

La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia hizo referencia al régimen de responsabilidad atribuible a las entidades financieras en los contratos crediticios, relación contractual caracterizada por atribuirle a las partes un deber bilateral, consistentes por un lado, en desembolsar una suma de dinero en el tiempo, modo y lugar pactados, y por el otro, en pagar las cuotas estipuladas por concepto de capital, intereses y seguros propios de este tipo de productos financieros, de acuerdo con la información propia del producto que, en una etapa precontractual, debió dar la entidad financiera.

Al respecto, la Delegatura puntualizó que los consumidores tienen derecho a recibir los productos de manera informada y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones inicialmente pactadas, citando para ello el literal a) del artículo 5 de la ley 1328 de 2009 como marco normativo del Banco en lo que tiene que ver con su deber de informar acertadamente los “términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlas”, a fin de generar en el consumidor la posibilidad de adquirir el producto de una manera informada, para permitirle evaluar las otras posibles opciones del mercado en virtud del principio de la libre escogencia.

A partir de dicho postulado, la Delegatura procedió a analizar de manera conjunta la totalidad de las pruebas que aportaron al proceso, para lo cual se centró en determinar que, en efecto, la financiera accionada cumplió desde la etapa precontractual con el deber de informar el monto del crédito principal y de igual manera poner de presente el valor de cada uno de los valores agregados contratados por la titular, como lo serán los seguros obligatorios de todo riesgo, vida, y los voluntarios como el seguro de protección financiera, pues para ello le entregó al consumidor una tabla de amortización en donde se evidenciaban los valores que debía cancelar por concepto de capital e intereses sobre el monto desembolsado y las primas financiadas de los seguros que aceptó se tomaran en nombre suyo a falta de un endoso de las pólizas obligatorias.

Al respecto, el Despacho solicitó como prueba de oficio que se aportaran todos los documentos de vinculación, identificándose a partir de los mismos que, la demandante había diligenciado los formularios de solicitud de seguros con sus datos completos de identificación, notificación y ocupación, así como la información de sus dos hijos como beneficiarios del seguro de protección financiera, datos que a juicio de la Delegatura, solo eran de conocimiento de la demandante y que por tanto, impedía que en el estrado judicial desconociera su voluntad al momento de adquirirlos.

Misma suerte tuvo el análisis sobre los seguros de auto y vida, pues la Delegatura encontró que la Compañía había entregado una simulación de los productos solicitados y el valor total aprobado en el que la demandante confirmó que se le habían informado todos los costos y tarifas relacionadas con el crédito suscrito con la financiera y de los valores agregados solicitados.

Adicionalmente, la entidad cumplió con su deber de expedir mensualmente los extractos bancarios donde se evidenciaba no solo el valor desembolsado, sino todos y cada uno de los valores agregados que la titular había adquirido al momento de la suscripción de los documentos de vinculación, aspecto que fue resaltado por la Delegatura cuestionando el por qué en un lapso de once meses, la demandante no había solicitado la cancelación y/o endoso de las pólizas tomadas en su nombre, habiendo estado en consecuencia asegurada durante estos once meses, lo cual implicó que ante una posible materialización de alguno de los riesgos asegurables, la demandante gozó de las coberturas que los aseguradores habían ofrecido.

En esa medida, para el Despacho hubo certeza sobre la infracción de los deberes legales y contractuales consagrados en el artículo 822 del Código de Comercio, y puntualmente en el literal b) del artículo 6 de la ley 1328 de 2009 a cargo de la demandante, explicando el deber estricto que tiene el consumidor de informarse acerca del producto que pretende adquirir, pues como se indicaba inicialmente, el contrato de mutuo es bilateral y por tanto, involucra también una serie de obligaciones a la contraparte del contrato, por lo menos el de cerciorarse cuál es producto que se está solicitando y los valores que debe asumir en el marco de dicha adquisición.

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