Con esta ley, también se pretenden reforzar los mecanismos de protección de las empresas y de los empleadores, de ahí que se considere contar con una lista de auxiliares de la justicia para que lleven a cabo los procesos de asistencia jurídica hasta superar los problemas empresariales que afectan su continuidad.
A la par de estos estamentos de protección, podemos encontrar los procedimientos que se deben llevar a cabo para la reorganización abreviada de la empresa o de su respectiva liquidación judicial simplificada cuando se traten de pequeñas insolvencias. Con estos procesos se pretende facilitarles a las empresas de menor tamaño el acceso a estos procedimientos, así como en la forma de simplificar los trámites, logrando no solo un mayor nivel de eficiencia, sino también una mayor accesibilidad de las organizaciones.
Estos avances señalados permiten afirmar que hay un progreso sustancial en el ecosistema empresarial del país, siendo fundamental el acceso expedito y ágil a la justicia dado que impulsa mecanismos para que se lleve a cabo una reactivación económica y que las pequeñas empresas cuenten con procedimientos abreviados.
A esto se añade que el marco legal de la Ley 2437 de 2024 cuenta con los estándares internacionales exigidos para este tipo de situaciones, luego genera confianza empresarial, sobre todo a los inversores.
Otro de los aspectos que resulta importante, es que el salvamento empresarial permite no sólo proteger el tejido productivo, sino también, la protección de los derechos laborales en ambientes de estabilidad y resiliencia. En dicho sentido, el artículo 5° de esta ley establece que para rescatar la empresa y mantener su unidad productiva, es posible que el deudor reciba aportes de uno de sus acreedores, pero siempre y cuando la información aportada muestre que existe un patrimonio negativo por parte de la concursada. Se precisa que este interés del acreedor sólo es posible llevarlo a cabo una vez se haya ordenado el respectivo proceso de liquidación.
Aquí resulta importante señalar los criterios que debe incluir la oferta económica: “valor a pagar por la totalidad de los créditos de la primera clase, las indemnizaciones laborales por terminación anticipada sin justa causa, la normalización de los pasivos pensionales, los gastos de administración de la reorganización, los créditos a favor de los acreedores garantizados y los demás créditos con vocación de pago, de conformidad con el inventario de activo” (Ley 2437 de 2024, art. 5°).
En este orden de ideas, la Superintendencia de Sociedades ha precisado que con la Ley 2437 de 2024 se consolida el compromiso del Estado para el salvamento empresarial mediante mecanismos de solución que sean sostenibles para todas las empresas que afrontan dificultades económicas. Igualmente, indica, que es posible la protección de las unidades productivas, generar confianza económica, preservar la fuerza laboral y simplificar los procesos de liquidación o reorganización empresarial.
En suma, la nueva Ley 2437 de 2024 genera las condiciones jurídicas para reforzar la estabilidad empresarial en Colombia en la medida que establece un marco legal que crea mecanismos para afrontar los problemas de insolvencia empresarial, con un marco jurídico más eficiente para enfrentar situaciones de insolvencia empresarial, promoviendo la recuperación económica y la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo.
